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Declaración de Habitar Argentina y propuestas políticas para enfrentar la crisis habitacional*

 Declaración de Habitar Argentina y propuestas políticas para enfrentar la crisis habitacional*

La grave emergencia habitacional actual es el resultado de la combinación del impacto de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID 19, las políticas implementadas en los últimos años que agravaron la pobreza, el desempleo, la desigualdad y el crónico déficit de las condiciones de vida en los barrios populares.
La falta de acceso a la tierra, a la vivienda y a los equipamientos urbanos básicos, las condiciones inadecuadas de las viviendas, la reducida y desigual cobertura en la provisión de servicios públicos (y especialmente de agua potable), la degradación de los espacios colectivos y la pérdida de empleos e ingresos familiares, evidencian un conjunto de problemas estructurales que afectan a los pobladorxs de los barrios populares y asentamientos de todo el país aunque su expresión más cruda se visibilice en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En este contexto, las mujeres son las que hacen parte mayoritariamente del mercado informal de trabajo y quienes más sufren la pérdida de ingresos, lo cual se agrava en las situaciones donde son las responsables únicas de sus hogares y dependientes.

Estos procesos no hicieron otra cosa que configurar y consolidar un modelo de ciudad segregada que agudiza las condiciones de precariedad e informalidad de las familias más vulnerables. La ocupación de tierras es hoy la salida inmediata y desesperada para amplios sectores y, al mismo tiempo, la peor de las soluciones porque deja indefensas a las familias frente a la violación de sus derechos ciudadanos. Por esta razón, su abordaje debe evitar la intervención estatal basada en enfoques punitivos y criminalizantes, que privilegian la propiedad como un derecho absoluto, omiten su función social y niegan el derecho a una vivienda adecuada. Por el contrario, se requiere la urgente formulación e implementación de políticas y medidas de acción directa dirigidas a garantizar el derecho colectivo a un hábitat digno.

Frente a esto, los medios de comunicación de los sectores dominantes y distintos actores políticos criminalizan a las víctimas y fomentan la estigmatización y la violencia punitiva sin cuestionar las causas de la desigualdad. Peor aún, los mismos actores jamás impugnaron las ocupaciones ilegales, la violación a las normas urbanísticas y ambientales y la completa ilegalidad de las urbanizaciones ejecutadas por los grandes desarrolladores inmobiliarios.

Los medios de comunicación, en cumplimento de la responsabilidad social por la actividad de interés público que desarrollan, deben promover coberturas respetuosas de los derechos humanos, antes que reproducir discursos que profundizan la violación de los derechos, la violencia y la discriminación (arts. 2° y 3° a) de la Ley 26.522). Para ello es fundamental que, al informar sobre las ocupaciones, contextualicen las noticias a partir de la desigualdad socio-habitacional que históricamente originó estos conflictos por el acceso a la tierra. Asimismo, deben difundir los derechos sociales en juego, recurrir a diversas fuentes informativas, incluir la voz de las personas afectadas y las organizaciones sociales que luchan por el derecho al hábitat.

La dimensión y gravedad de la crisis actual configuran una situación excepcional que solo puede ser enfrentada con medidas urgentes y excepcionales al tiempo que debe promoverse una profunda revisión de las causas sistémicas que están en su origen. En especial, de aquéllas normas e intervenciones que, por acción u omisión, configuran formas de producción y reproducción del hábitat que tienen una dinámica especulativa que viola sistemáticamente el derecho humano a una vivienda digna y el cuidado de lo común. De tal forma, se hace necesario avanzar con medidas alejadas de cualquier atisbo de austeridad y de restricción del gasto público porque lo que está en juego es la vida de las personas. De esta crisis se sale con recursos genuinos, de sistemas fiscales justos y progresivos amplios para financiar las áreas claves del gobierno. Y no cabe duda que la atención de las necesidades urgentes de hábitat en nuestras provincias son determinantes claves, tanto para la salud y la vida como para el desarrollo familiar y colectivo.

Reconocemos un avance en la creación del Ministerio que desde su nombre promete un abordaje integral del problema del hábitat, pero creemos que para hacerle justicia a su denominación debe formular una política que integre la prevención de conflictos y una posición clara en contra de la criminalización de los sectores populares que luchar por un lugar en donde vivir.

En base a lo anterior, es necesario dar respuestas inmediatas a miles de familias que han perdido sus fuentes de ingresos y no tienen como resolver sus necesidades de vivienda. Es preciso poner atención en las situaciones críticas, sobre todo las condiciones de hábitat y vivienda de hogares en situación de mayor vulnerabilidad como aquellos a cargo único de mujeres que crecen en la pobreza y población LGBTTIQ jefxs de familia que están a cargo exclusivamente de las tareas de cuidado (tanto familiares como comunitarias) contemplar situaciones particulares para víctimas de violencia de género y para familias con personas con discapacidad.

Por ello, proponemos que se activen programas de emergencia que, en forma simultánea a las políticas de carácter estructural y mediano plazo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, tenga al menos algunos de los siguientes componentes:

a. Desarrollar un conjunto de acciones para atender las necesidades inmediatas de urbanización básica y de mejora de viviendas de asentamientos y barrios populares, el fortalecimiento de las infraestructuras y servicios de cuidados y producir suelo equipado para lograr la ampliación de la oferta de lotes aptos en conjunto con las diferentes provincias. Las intervenciones deberán decidirse y ejecutarse a través de la participación colectiva en mesas de gestión y, por medio, prioritariamente, de municipios, organizaciones populares, sociales y cooperativas que movilicen la mano de obra local. Adicionalmente, debe garantizar el acceso y disposición de profesionales y técnicos que acompañen y asesoren a les pobladores en la resolución de sus problemas habitacionales.

b. Acciones inmediatas para la efectiva aplicación de la Ley de Alquileres 27.551 y la aprobación de un nuevo DNU que modifique y amplíe las medidas dispuestas en el DNU 320/20 tal como lo solicitó recientemente HABITAR Argentina. Entre las medidas urgentes, es imprescindible que el Ministerio antedicho ponga en funcionamiento la oficina responsable de aplicar un programa de alquiler social y movilice a las jurisdicciones sub nacionales para poner en marcha medidas de protección de hogares inquilinos (con un programa de ayudas a familias inquilinas que no pueden cubrir el precio de los alquileres) y permita resolver con especial atención los casos originados en arrendamientos informales.

c. La urgente creación y puesta en funcionamiento de centros de atención y resolución de conflictos relacionados tanto a la vivienda y la tierra como los previstos en el título IV de la nueva ley de alquileres. Esto demanda la necesaria articulación federal tanto con los poderes ejecutivos como legislativos provinciales. Para ello, en simultáneo, deben destinarse medios técnicos, de difusión y capacitación a todas las áreas del Estado con intervención en la materia, a fin de acercar a la ciudadanía un efectivo acceso a la tutela de sus derechos, especialmente durante esta crisis. El poder público, en sus tres niveles, nacional, provincial y local, debe hacerse presente, en su rol de garante, mediando en estos conflictos.

d. Por último, impulsar acciones en coordinación con las provincias y municipios para las personas en situación de calle: disponer de habitaciones en hoteles y otros inmuebles adecuados y ampliar la capacidad y mejora de las instalaciones para el albergue temporal. Además, es necesario adoptar medidas específicas de cuidado y prevención para aquellas personas que no se acercan a los establecimientos y permanecen viviendo a la intemperie.

*AVE y Red Encuentro forman parte del colectivo Habitar Argentina

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