El jueves 4 de marzo se presentó el libro "La vivienda en alquiler como opción para habitar", realizado por investigadoras e investigadores del CEVE, CONICET-AVE, de la UCC, de la UNC y de la UNGS, y editado por Café de las Ciudades.

La presentación, que se llevó a cabo a través de modalidad virtual, contó con la participación de especialistas, legisladores y referentes de movimientos de inquilinos, además de sus autoras y autores. Sobre el cierre, Daniela Gargantini, investigadora del CEVE, CONICET-AVE, resumió los contenidos del libro, cuya publicación fue cofinanciada por CONICET, la Secretaría de Investigación de la Universidad Católica de Córdoba y por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de Córdoba.

En la apertura Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, refirió a las dificultades de los movimientos de inquilinos para construir un sujeto con identidad y sentido de pertenencia en pos de reivindicar condiciones más justas para alquilar. “Como inquilinos queremos discutir las formas de acceder a la vivienda en Argentina, del alquiler y no de la vivienda propia, tenemos que darnos la posibilidad de elegir si queremos alquilar o tener un techo propio, y no que tengamos que buscar un techo propio, porque queremos dejar de alquilar por no poder afrontar esos costos”, concluyó.

A su turno, Matias Chamorro, legislador provincial de Hacemos por Córdoba, comentó sobre su proyecto de ley para modificar la norma de mediación y asegurar instancias de negociación obligatorias entre las partes para canalizar y solucionar los conflictos que surjan en caso que la Nación no prorrogue el DNU 320/20, que vence el 31 de marzo.

Chamorro detalló además las resistencias que provocó -tanto dentro de la propia legislatura como del sector de corredores inmobiliarios- la presentación de otro proyecto de su autoría junto con organizaciones de inquilinos, para que las comisiones inmobiliarias las paguen los locadores en los casos de vivienda para habitar.
Evangelina Dellarossa, también referente de inquilinos cordobeses, refirió al Programa Alquiler Social contemplado en la Ley 27551, y reclamó que se reglamente dicho capítulo para asegurar el acceso a la vivienda de alquiler a víctimas de violencia de género y adultas mayores.

En relación a esa ley, Eduardo Reese, del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la valoró como un instrumento para regular el mercado de alquileres, sobre la que destacó el artículo 19 que promueve implementar mecanismos orientados a ampliar la oferta de viviendas de alquiler. El arquitecto y urbanista, ponderó este instrumento con el cual el Estado tiene potestad de combinar dispositivos que castiguen la vacancia, con incentivos que promuevan la oferta de inmuebles -construidos o a construir-, para alquiler social.

Al ahondar sobre la aplicación de la norma, Reese subrayó la contradicción que -según él- se presenta entre una ley que busca intervenir en el mercado para regular las garantías y las actualizaciones de los precios y promover el alquiler social, y lo anunciado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, de no intervenir sobre este aspecto a partir de la derogación del Decreto 320, sin ofrecer a cambio una solución para que las negociaciones no queden sujetas una relación asimétrica entre propietarios e inquilinos.

“Tenemos una ley, con todo lo que tiene que mejorar, pero que no se aplica, tenemos ley, pero el ministro (Jorge Ferraresi) dice: - Vayan y negocien individualmente. Lo cual genera un problema muy serio”, señaló. “Todo marco regulatorio genera un impacto sobre la oferta, pero de ninguna manera supone que el Estado no tiene que intervenir en el mercado inmobiliario, que no cumple ninguno de los atributos que el liberalismo llama mercado de funcionamiento perfecto”, concluyó el especialista en gestión y planificación urbana.